Asesinan a un alcalde en México tras denunciar falta de protección estatal

El Partido Acción Nacional (PAN) de México condenó este sábado el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en el estado de Oaxaca, quien fue atacado a tiros frente a su domicilio tras haber denunciado amenazas previas sin recibir protección estatal.

Bravo Martínez, de 53 años, murió la madrugada del 13 de junio cuando sujetos desconocidos le dispararon al salir de su vivienda. Según los reportes policiales, el hijo de la víctima presenció el ataque y solicitó auxilio a los servicios de emergencia, pero el edil falleció en el lugar antes de recibir atención médica. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el deceso y activó protocolos de investigación para delitos de alto impacto.

El crimen ocurre semanas después de que el alcalde solicitara formalmente resguardo oficial. El pasado 15 de mayo, Bravo Martínez acudió a una mesa de seguridad en Huajuapan para manifestar que temía por su integridad física. El 22 de mayo, el edil y su equipo de trabajo sufrieron un asalto violento en la carretera Ahuatlán-Oaxaca, donde hombres armados los golpearon y les robaron sus pertenencias.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, calificó el hecho como una muestra del fracaso en la estrategia de seguridad del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum. El partido opositor señaló que la actual administración de Morena atraviesa el periodo más violento de la historia reciente de México, con un incremento sostenido en homicidios y control territorial por parte de grupos criminales.

"Los grupos criminales amplían su control territorial sin freno. Las autoridades minimizan la realidad y evaden su responsabilidad", señaló la dirigencia del partido en un comunicado. La organización política exigió una investigación exhaustiva y transparente para castigar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio.

La Fiscalía de Oaxaca informó que peritos y agentes investigadores recolectaron indicios en la escena del crimen y pusieron en marcha trabajos de inteligencia coordinados con fuerzas federales. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han reportado detenciones vinculadas al caso ni han establecido un móvil oficial para el ataque.

Para Bolivia, este escenario de violencia política en México representa un antecedente crítico sobre la vulnerabilidad de las autoridades locales en regiones con presencia de crimen organizado, un fenómeno que genera preocupación en los organismos de seguridad de nuestro país por su posible expansión regional.