El Gobierno denuncia ante la OEA un intento de desestabilización institucional

El gobierno de Rodrigo Paz denunció este miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un intento de desestabilización institucional en nuestro país, en medio de una escalada de protestas que cumplen 15 días. La crisis política derivó en la expulsión de la embajadora de Colombia, Elizabeth García, tras declaraciones del presidente Gustavo Petro que fueron calificadas como injerencistas por la Cancillería boliviana.

El conflicto, que se originó por demandas salariales y el desabastecimiento de combustibles, se concentra actualmente en La Paz y El Alto. Los bloqueos de carreteras, impulsados por sindicatos y sectores afines al expresidente Evo Morales, mantienen a estas ciudades bajo una fuerte presión logística. El presidente Paz anunció un reordenamiento de su gabinete para agilizar la gestión y la creación de un Consejo Económico y Social destinado a socializar las reformas estatales.

Crisis humanitaria y desabastecimiento

La situación en nuestra sede de Gobierno y en la ciudad de El Alto es crítica debido al aislamiento parcial. La falta de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal ha provocado que los precios en los mercados locales se dupliquen. Ante este escenario, las autoridades habilitaron un puente aéreo con apoyo de Argentina para el traslado de insumos básicos. El mandatario aclaró que la presencia de aeronaves argentinas responde estrictamente a fines humanitarios, descartando las denuncias de sectores movilizados sobre el traslado de material represivo.

La violencia se intensificó tras la llegada de una marcha de seguidores de Morales desde el altiplano. El lunes se registraron enfrentamientos y saqueos que el gobierno vincula con un intento de ruptura constitucional. El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, señaló que las movilizaciones buscan proteger al exmandatario de los procesos judiciales que enfrenta, incluyendo una investigación por trata agravada de personas. Actualmente, Morales permanece en el Chapare bajo el resguardo de sus bases sindicales.

Repercusiones internacionales

La crisis ha generado posturas divididas en la región. Mientras el presidente colombiano Gustavo Petro advirtió sobre el riesgo de una masacre y calificó las protestas como una insurrección popular, Estados Unidos manifestó su respaldo explícito a la administración de Paz. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington no permitirá que se derroque a líderes elegidos democráticamente, calificando la situación como un golpe de Estado en marcha.

En la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el canciller Aramayo solicitó la atención de la comunidad internacional ante lo que considera una amenaza directa al orden democrático en Bolivia. Gobiernos como los de Uruguay y República Dominicana también se pronunciaron, instando a una resolución pacífica del conflicto y expresando su preocupación por las consecuencias humanitarias de los bloqueos en nuestro territorio.

Para este jueves, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció nuevas movilizaciones, mientras la Alcaldía de La Paz evalúa los daños materiales causados a los bienes públicos durante las últimas jornadas de protesta.