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Política

Urenda propone una reforma constitucional para profundizar las autonomías en Bolivia

El abogado constitucionalista plantea modificar la Carta Magna para fortalecer el modelo autonómico. Asegura que los bloqueos de carreteras constituyen delitos flagrantes que vulneran derechos fundamentales.

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Hombre participa en una videoconferencia desde su hogar
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Puntos clave de la noticia:

  • Los bloqueos de carreteras no necesitan una ley específica para ser sancionados, porque ya violan derechos constitucionales.
  • El derecho a la protesta se ha confundido con la vulneración de los derechos de terceros, convirtiendo los cortes de ruta en un delito flagrante.
  • El gobierno y el Legislativo tienen legitimidad por voto popular, por lo que grupos minoritarios no pueden imponerse sobre la mayoría representada en el Parlamento.
  • Se propone una reforma parcial de la Constitución para profundizar las autonomías regionales y reducir el centralismo administrativo.
  • La "asimetría normativa" permitiría que cada departamento asuma competencias y modelos de gestión según sus realidades económicas y productivas.

El abogado constitucionalista Juan Carlos Urenda afirmó que los bloqueos de carreteras en nuestro país no requieren de una ley específica para ser sancionados, debido a que estas medidas ya vulneran derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado. Según el jurista, el sistema democrático se ve afectado por la normalización de estas protestas que impiden el libre tránsito y el acceso a servicios esenciales.

Durante una entrevista en el programa Qué Semana de EL DEBER, Urenda señaló que en Bolivia se ha confundido el derecho a la protesta con la vulneración de los derechos de terceros. El abogado calificó los cortes de ruta como un "delito flagrante" y cuestionó la tolerancia de nuestras autoridades ante actos de presión que debilitan la institucionalidad. Para el jurista, el escenario actual representa una disputa entre la defensa de la democracia y la imposición de decisiones mediante la fuerza callejera.

Legitimidad institucional y reforma constitucional

Urenda defendió la legitimidad del gobierno y del Órgano Legislativo, al recordar que fueron elegidos mediante el voto popular. En ese sentido, sostuvo que grupos reducidos no pueden imponerse sobre la voluntad de millones de ciudadanos representados por los dos tercios del Parlamento. Ante esta situación, el abogado planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma parcial de la Constitución para profundizar el modelo autonómico y redefinir la relación entre el nivel central y las regiones.

La propuesta de reforma estructural busca fortalecer las autonomías regionales y reducir el centralismo administrativo. Según explicó Urenda, existe la posibilidad de construir acuerdos políticos amplios entre distintas fuerzas parlamentarias para alcanzar los dos tercios necesarios. Mencionó que agrupaciones lideradas por figuras como Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y el propio oficialismo podrían encontrar puntos de consenso para impulsar este cambio normativo.

Asimetría normativa y gestión regional

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la aplicación de una "asimetría normativa". Este concepto permitiría que los departamentos con realidades económicas y productivas diferenciadas asuman mayores competencias y desarrollen modelos de gestión propios, adaptados a sus necesidades específicas. Urenda insistió en que la profundización de las autonomías debe canalizarse obligatoriamente a través de una ley de reforma parcial de la Constitución.

Finalmente, el jurista rechazó que sectores movilizados intenten condicionar las decisiones nacionales mediante la extorsión y las amenazas. El abogado concluyó que el país no puede gobernarse bajo la presión de grupos que utilizan la violencia para obtener réditos políticos, afectando la estabilidad de la economía y la convivencia social en nuestro territorio.