Seguridad
El Gobierno denuncia conspiración del narcoterrorismo tras amenazas de toma de cuarteles
El Gobierno vincula a Evo Morales con una conspiración del narcoterrorismo tras amenazas de toma de cuarteles en el Trópico de Cochabamba.
Puntos clave de la noticia:
- El ministro Marco Antonio Oviedo denuncia una conspiración financiada por el narcoterrorismo para alterar el orden constitucional.
- Las órdenes de cercar unidades militares y policiales en el Trópico de Cochabamba se vinculan con estructuras delictivas, no con un conflicto social genuino.
- Dirigentes campesinos de Chimoré anunciaron una vigilia y posible toma de recintos militares en rechazo a la Ley 1740 de Estados de Excepción.
- La organización campesina advierte que no se responsabiliza por la integridad de efectivos militares y policiales en la región.
- El Gobierno ratificó que no permitirá el asedio a instituciones del Estado y mantiene el despliegue de seguridad en Cochabamba.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este miércoles que la instrucción atribuida a Evo Morales de cercar unidades militares y policiales en el Trópico de Cochabamba confirma la existencia de una conspiración financiada por el narcoterrorismo. Según la autoridad, estas acciones buscan alterar el orden constitucional en nuestro país mediante el uso de la violencia en zonas estratégicas.
"Estamos viviendo una conspiración financiada por el narcoterrorismo con el fin de violentar nuestro ordenamiento constitucional y legal", sostuvo Oviedo. El ministro descartó que las movilizaciones actuales respondan a un conflicto social genuino de sectores regionales, vinculando directamente las órdenes de toma de instalaciones con estructuras delictivas.
La postura del Ejecutivo surge tras el anuncio de dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, quienes declararon una vigilia y la posible toma de recintos militares en ese municipio. Esta medida es una respuesta de rechazo a la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, norma que fue promulgada recientemente por el presidente Rodrigo Paz.
Mario Rivera, secretario de Relaciones de la organización campesina, advirtió que las bases no se responsabilizarán por la integridad de los efectivos militares y policiales en la región. Rivera cuestionó que la nueva legislación incorpore una "presunción de legalidad operativa" para las fuerzas del orden durante estados de excepción, lo que, según su criterio, otorga facultades excesivas para la intervención estatal.
El dirigente instó a nuestras autoridades a actuar con cautela antes de ordenar cualquier operativo en los puntos de bloqueo, advirtiendo que la población del Trópico responderá ante lo que consideran una amenaza a sus derechos. Por su parte, el Ministerio de Gobierno mantiene el despliegue de seguridad y ratificó que no permitirá el asedio a las instituciones del Estado en el departamento de Cochabamba.
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