Informe vincula el narcotráfico y la minería ilegal con la inestabilidad política

Un informe del analista estadounidense Evan Ellis advierte que el narcotráfico, la minería ilegal y las protestas radicalizadas en nuestro país no son fenómenos aislados, sino que forman una estructura interconectada que amenaza la estabilidad institucional. El documento, titulado "Bolivia's Security Challenges and the Paz Government's Response", sostiene que estas dinámicas se han fortalecido en las últimas décadas y presentan desafíos críticos para la seguridad nacional.

Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, elaboró el reporte tras una visita a Bolivia en mayo pasado, donde entrevistó a más de 40 expertos. Según el autor, el país se ha consolidado simultáneamente como zona de producción de coca, fabricación de cocaína, tránsito de drogas y refugio de organizaciones criminales internacionales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) de Brasil, además de carteles mexicanos y europeos.

El análisis atribuye parte de esta evolución a decisiones políticas previas, específicamente tras la salida de la DEA en 2008. El informe identifica al Chapare como el centro neurálgico de la producción de coca destinada al narcotráfico y señala que las federaciones de productores de esa región constituyen el núcleo de una estructura vinculada a mercados internacionales.

Respecto a la minería ilegal, el estudio advierte que el alto precio del oro ha convertido a esta actividad en un negocio que, en ciertos casos, supera la rentabilidad del narcotráfico. En Bolivia, esta economía informal se ve facilitada por el uso extensivo de mercurio, del cual somos uno de los principales importadores y exportadores mundiales. El documento sostiene que el sector del oro funciona además como un mecanismo para el lavado de dinero proveniente de otras actividades ilícitas debido al uso predominante de efectivo.

Sobre los conflictos sociales recientes, Ellis argumenta que las movilizaciones de mayo y junio adquirieron características de una "insurgencia de baja intensidad". El informe detalla que los bloqueos fueron coordinados para aislar a La Paz y desabastecer de alimentos y combustible a la población. Según el autor, los ingresos de la economía de la cocaína habrían financiado la logística y el transporte de estas protestas, vinculando la intensidad de las medidas de presión con la situación judicial de Evo Morales.

Finalmente, el reporte describe un debilitamiento en nuestras instituciones de seguridad. La Policía y las Fuerzas Armadas enfrentarían problemas de corrupción, falta de equipamiento y limitaciones operativas. Ellis señala que el actual gobierno de Rodrigo Paz busca en el acercamiento con Estados Unidos una herramienta para fortalecer las capacidades del Estado frente a estas amenazas transnacionales.