Vecinos de El Alto resisten bloqueos y denuncian amenazas de saqueos

Los vecinos de El Alto han comenzado a organizar acciones de resistencia contra los bloqueos de rutas que impiden el abastecimiento de alimentos en nuestra ciudad. Tras tres días de movilizaciones, en barrios como Villa Adela, Satélite y Río Seco, los habitantes han decidido retirar a grupos de manifestantes externos que exigen el cierre de negocios bajo amenazas. La consigna que se repite entre quienes intentan retomar sus actividades es la necesidad de trabajar frente a una protesta que consideran impuesta.

La situación en nuestra urbe refleja una profunda división. Si bien El Alto cuenta con 14 distritos, los focos de mayor conflicto se concentran en el Distrito 14 (Río Seco), que conecta con el lago Titicaca, y el Distrito 7 (Senkata), salida principal hacia Oruro. En estos puntos, los residentes denuncian que grupos radicales exigen el cumplimiento de las medidas de presión mediante el cobro de multas que oscilan entre los 100 y 200 bolivianos, además de advertencias sobre posibles ataques a la propiedad privada.

Coerción y amenazas a la población

La tensión se incrementó tras la difusión de audios en los que supuestos dirigentes amenazan con saquear ferias y quemar viviendas de quienes no se sumen a los bloqueos. "Si no salen, va a entrar una comisión a quemar casas", señala uno de los registros atribuidos a sectores radicales. Estas advertencias han generado un clima de inseguridad que afecta también a los efectivos policiales que residen en El Alto, quienes reportaron amenazas de que sus domicilios serían "marcados" por grupos afines a las movilizaciones.

Comerciantes de zonas como Chinchaya también han cuestionado la desigualdad en la aplicación de estas medidas. Mientras algunos sectores son obligados a paralizar sus ventas, otros pobladores de comunidades cercanas como Chicani y Hampaturi continúan comercializando productos básicos como papa, carne y huevos. Esta disparidad ha alimentado el descontento de los vecinos, quienes aseguran que las protestas no fueron consensuadas en asambleas legítimas, sino que responden a imposiciones de exdirigentes.

Respuesta gubernamental y apoyo internacional

Ante la escalada de violencia, que el lunes incluyó intentos de saqueo y ataques a comercios en el centro alteño, el presidente Rodrigo Paz afirmó que su administración busca establecer canales de diálogo con los vecinos, aunque descartó cualquier acercamiento con sectores que promueven la violencia o buscan acortar su mandato constitucional. El mandatario señaló que no se contempla, por el momento, la declaración de un estado de sitio para contener la crisis en nuestro país.

En el ámbito diplomático, la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó su respaldo al gobierno boliviano frente a la presión social. Paralelamente, las autoridades nacionales determinaron la expulsión de la embajadora de Colombia, argumentando una injerencia en asuntos internos por parte del presidente Gustavo Petro. Por ahora, la ciudad de El Alto permanece en una tensa calma mientras los sectores productivos intentan normalizar sus actividades pese a los cortes de ruta persistentes.