Defensor del Pueblo señala que declaraciones oficiales obstaculizan el diálogo en Bolivia

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que las declaraciones de diversas autoridades del Gobierno dificultaron los avances en los intentos de diálogo para resolver el conflicto social y político que atraviesa nuestro país. Según la autoridad, el uso de calificativos hacia los sectores movilizados generó una resistencia que impide establecer una mesa de negociación efectiva.

“El hecho, por ejemplo, de que las autoridades hayan hablado de que no se va a negociar con presuntos vándalos ha tenido un impacto y ha generado una sensibilidad, una molestia y un malestar en los sectores movilizados que ha impedido que vayamos a avanzar”, señaló Callisaya. La referencia alude a declaraciones previas de ministros que vincularon las protestas con actos delincuenciales y sectores afines al expresidente Evo Morales.

Aunque el Ejecutivo aclaró posteriormente que las críticas no se dirigían a las organizaciones sociales sino a quienes cometieron daños a bienes públicos, el defensor sostuvo que el daño a la confianza ya estaba hecho. En su análisis, ambas partes mantienen posiciones que traban una salida concertada: mientras el Gobierno interpreta el diálogo como una forma de rendición, los sectores movilizados consideran que sentarse a negociar sería traicionar su movilización.

Gestiones de mediación y fractura social

Ante la parálisis de los canales oficiales, la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, mantiene contactos permanentes para acercar a las partes en conflicto. Callisaya indicó que, si bien existen gestiones en curso, los avances son intermitentes debido a acciones y discursos que profundizan la polarización en Bolivia.

El defensor exhortó tanto a las autoridades como a los dirigentes de las movilizaciones a cesar los actos de violencia y asumir la responsabilidad que les corresponde frente a la crisis actual. La situación en el país se ha visto agravada por el desabastecimiento de productos básicos, la falta de combustible y el incremento sostenido de los precios, factores que afectan directamente la economía de las familias bolivianas.

Finalmente, Callisaya pidió priorizar un diálogo sin condiciones previas para evitar que la fractura social se profundice. La Defensoría advirtió que la persistencia de las medidas de presión y la falta de flexibilidad gubernamental solo postergan una solución necesaria para normalizar las actividades en el territorio nacional.