Evangélicos presentan recurso judicial para exigir estado de excepción por los bloqueos

La organización Iglesias Evangélicas Unidas presentó este miércoles una Acción Popular ante la justicia con el objetivo de obligar al presidente Rodrigo Paz a decretar el estado de excepción en nuestro país. La medida busca habilitar el uso de la fuerza para despejar los bloqueos de carreteras que persisten en diversas regiones estratégicas.

El presidente de la organización, Luis Aruquipa, explicó que el recurso legal solicita formalmente la declaratoria por conmoción interna. Según el representante, la reciente promulgación de la ley regulatoria no es suficiente para resolver el conflicto que mantiene paralizadas las vías de comunicación terrestre.

"Estamos obligándole mediante esta Acción Popular al presidente a sacar un decreto en el que tiene que establecer con precisión dónde se va a aplicar este estado de excepción", señaló Aruquipa. El dirigente precisó que el Ejecutivo deberá definir si la medida se aplicará en los departamentos de La Paz, Cochabamba o en puntos específicos del territorio nacional.

El pedido de los sectores evangélicos surge tras más de 30 días de medidas de presión y bloqueos de caminos que han provocado un severo desabastecimiento de alimentos y combustibles, afectando con mayor rigor a las ciudades de La Paz y El Alto. Las autoridades locales han reportado dificultades para mantener el flujo normal de suministros básicos hacia los mercados populares.

Aruquipa afirmó que la medida no debe generar temor en la población civil, sino en quienes están cometiendo delitos en las rutas. Aseguró que el estado de excepción debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales, aunque subrayó la urgencia de restablecer el orden público para proteger la economía de las familias bolivianas.

Asimismo, el representante denunció que varios pastores evangélicos en las regiones del Chapare y San Julián han recibido amenazas por manifestarse en contra de las movilizaciones. Según la organización, estos incidentes refuerzan la necesidad de una intervención estatal inmediata para garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas de conflicto.