Presentan acción de inconstitucionalidad contra la ley que regula estados de excepción

El diputado Rolando Pacheco, de la agrupación Alianza Popular, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra dos artículos de la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, bajo el argumento de que vulneran derechos fundamentales en nuestro país.

El recurso legal cuestiona específicamente los artículos 25 y 26 de la mencionada norma. El primero faculta a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a utilizar la fuerza de manera excepcional para neutralizar riesgos graves contra la vida, la seguridad de la población o la infraestructura estratégica del Estado. El legislador sostiene que esta redacción otorga una discrecionalidad excesiva a las fuerzas del orden durante conflictos sociales.

Por otro lado, el artículo 26 establece que las actuaciones de los uniformados durante un estado de excepción gozarán de presunción de legalidad. Según la fundamentación de Pacheco, esta disposición podría generar un escenario de impunidad al invertir la carga de la prueba y proteger de antemano las intervenciones militares y policiales frente a posibles abusos contra civiles.

"No podemos permitir que existan artículos que brinden una carta blanca para actuar contra los movilizados", señaló el parlamentario, quien instó a los magistrados del TCP a emitir un fallo con celeridad para ajustar la normativa a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes en Bolivia.

La Ley 1740 fue diseñada para reglamentar las facultades del Ejecutivo ante situaciones de conmoción interna o desastres naturales. Sin embargo, el alcance del uso de la fuerza y la protección jurídica de los efectivos movilizados han sido puntos de fricción constante entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea Legislativa.

Tras la admisión del recurso, el Tribunal Constitucional deberá notificar a las autoridades correspondientes para que presenten sus alegatos antes de dictar una sentencia definitiva que determine si los artículos impugnados permanecen en el ordenamiento jurídico nacional.