Sociedad
Indígenas weenhayek rechazan el proyecto hidroeléctrico Carrizal por impacto ambiental
El Comité de Defensa del río Pilcomayo denuncia amenazas a la seguridad hídrica y alimentaria. Sectores cívicos defienden la obra como solución a la futura crisis energética.
Puntos clave de la noticia:
- La policía utilizó agentes químicos para dispersar a sectores de la COB y el magisterio en el centro paceño.
- Los manifestantes detonaron cachorros de dinamita en su intento de ingresar a la plaza Murillo.
- El conflicto se enmarca en el segundo día de paro general exigiendo un aumento salarial.
El pueblo Weenhayek, a través del Comité de Defensa del río Pilcomayo, manifestó su rechazo a la construcción del proyecto hidroeléctrico Carrizal, al considerar que la obra vulnera normativas nacionales y tratados internacionales. El emplazamiento, proyectado en el límite territorial entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca, ha generado posturas enfrentadas entre las comunidades indígenas y los movimientos cívicos que impulsan la infraestructura para mitigar la crisis energética en nuestro país.
Los representantes indígenas sostienen que el río Pilcomayo es una fuente de vida esencial y que los intereses energéticos no pueden prevalecer sobre la integridad de la cuenca. Según la Resolución 01/2026 del Comité de Defensa, el proyecto representa una amenaza económica y de subsistencia insostenible para los pueblos ribereños. En este contexto, los afectados exigen la instalación de una mesa técnica bajo los principios del Acuerdo de Escazú para acceder a información detallada sobre el impacto ambiental y social de la represa.
Argumentos a favor del desarrollo regional
Desde la capital tarijeña, el presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Jesús Gira, informó que ya se envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley para la creación de la Unidad Ejecutora. Gira explicó que la represa de Carrizal es una obra estratégica para afrontar el déficit energético y promover el desarrollo local mediante la generación eléctrica, la ampliación de la frontera agrícola y el fomento al turismo.
Respecto a la oposición de los pueblos chaqueños, el dirigente cívico señaló que la resistencia se debe a la falta de información técnica. Por ello, anunció que el Comité Cívico, junto a la Brigada Parlamentaria y la Gobernación, iniciarán un proceso de socialización para explicar los alcances del proyecto en las zonas de influencia.
Por su parte, Gilberto Ponce, presidente del Comité Cívico de Yacuiba, coincidió en que la obra es una alternativa necesaria para la región. Según estimaciones técnicas compartidas por el sector cívico, la represa permitiría habilitar 90.000 hectáreas agrícolas bajo riego, atendiendo una demanda histórica de agua para los productores del Chaco boliviano.
Alcance técnico y beneficios proyectados
El diseño del proyecto hidroeléctrico Carrizal contempla una capacidad de generación de 300 megavatios de energía eléctrica. Además de la producción energética, las autoridades locales destacan que la infraestructura servirá para regular las crecidas del río, impedir la erosión de las riberas y potenciar la piscicultura en la zona.
Pese a estos beneficios proyectados, el conflicto persiste debido a la ubicación de la presa en el río Pilaya, afluente del Pilcomayo. El sector indígena insiste en que cualquier intervención en este ecosistema pone en riesgo la seguridad hídrica de las comunidades que dependen directamente del caudal para su alimentación y economía diaria. El debate ahora se traslada a la instancia legislativa, donde se definirá el futuro de la Unidad Ejecutora encargada de la obra.



