El presidente Paz acuerda con líderes opositores viabilizar la agenda legislativa

El canciller Fernando Aramayo confirmó que el presidente Rodrigo Paz sostuvo conversaciones con diversos jefes políticos, entre ellos el expresidente Jorge Tuto Quiroga, con el objetivo de construir un acuerdo que facilite el tratamiento de leyes en la Asamblea Legislativa. La medida busca evitar bloqueos a la agenda gubernamental y garantizar la estabilidad institucional en nuestro país.

Aramayo explicó que estos acercamientos representan acuerdos entre líderes que superan la gestión de intermediarios o ministros. Según el jefe de la diplomacia boliviana, el entendimiento no implica una aprobación automática de las propuestas del Ejecutivo, sino un compromiso para el debate y el consenso. "Hay un acuerdo, pero no es un acuerdo de 'levantamanos', no es un acuerdo que apruebe lo que propone el gobierno sin un debate y sin un consenso", señaló la autoridad.

Alcance del acuerdo y gobernabilidad

Además de Quiroga, el canciller informó que en estos acercamientos también participan figuras como Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. El propósito central es viabilizar la agenda de reformas que el gobierno considera necesarias para el país, evitando que las diferencias partidarias deriven en una parálisis del Órgano Legislativo. Para nuestras autoridades, resulta prioritario sustituir el "capricho político" por una discusión madura y sustantiva sobre las normas.

En este contexto de apertura, el Ejecutivo impulsa la creación del Consejo Económico Social. Aramayo reiteró que el presidente Paz busca institucionalizar el diálogo con todos los sectores, incluidos los del occidente del país, para que ninguna voz quede excluida de la gestión pública. Sin embargo, aclaró que este nuevo mecanismo no tendrá carácter vinculante ni sustituirá las atribuciones constitucionales que corresponden a la Asamblea Legislativa.

Gestión de la conflictividad social

Las declaraciones del canciller coinciden con un escenario de protestas y bloqueos de carreteras que, tras tres semanas de vigencia, muestran señales de agotamiento. El gobierno sostiene que la ciudadanía ha manifestado su cansancio ante las medidas de presión, citando casos donde transportistas y vecinos procedieron a liberar vías de forma independiente. Según Aramayo, la estrategia oficial ha sido evitar el uso de la fuerza o la declaración de estados de excepción.

"Hemos mostrado que no íbamos a responder a las provocaciones sobre el uso de violencia", afirmó el ministro, al destacar que los conflictos actuales se están resolviendo por la vía pacífica. El Ejecutivo mantiene su postura de cambiar la lógica de confrontación por una cultura de diálogo, pese a las presiones de sectores que demandaban una intervención policial o militar más severa para normalizar el tránsito en las rutas nacionales.