La debilidad del gobierno de Paz pone en riesgo las reformas estructurales

El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta un escenario de fragilidad política tras seis meses de gestión, marcado por movilizaciones que exigen su renuncia y una crisis multidimensional que amenaza la implementación de las reformas estructurales necesarias para nuestro país. La persistencia de bloqueos y protestas, que cumplen tres semanas, ha erosionado la autoridad presidencial en un contexto de dificultades económicas e institucionales.

Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, señaló que la actual debilidad gubernamental pone en riesgo la agenda de cambios, que incluye reformas parciales a la Constitución Política del Estado. Según el analista, los conflictos en Bolivia funcionan de manera cíclica, con periodos de calma seguidos por nuevas olas de presión social que dificultan la planificación a largo plazo.

Crisis de gobernanza e institucionalidad

La situación actual se caracteriza por una crisis de gobernabilidad donde la desinstitucionalización ha facilitado el avance de la corrupción y de intereses externos. Núñez explicó que entidades clave para nuestra economía, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Banco Central de Bolivia y la Contraloría General del Estado, mantienen gestiones interinas que profundizan la fragilidad estatal.

"Estamos en la lógica de que el más fuerte, el más violento, el que golpea más fuerte la mesa, es el que manda", afirmó Núñez en declaraciones a la Agencia de Noticias Fides (ANF). El director de Jubileo añadió que el país arrastra las consecuencias de un modelo estatista que, tras dos décadas, ha derivado en la falta de divisas para el funcionamiento de la economía y una baja credibilidad para atraer inversiones extranjeras.

El desafío del modelo económico

Uno de los puntos críticos para la administración de Paz es la modificación del modelo económico heredado del Movimiento al Socialismo (MAS). El análisis de la Fundación Jubileo sostiene que el estatismo ha fracasado y ha limitado las oportunidades laborales para las nuevas generaciones, quienes hoy enfrentan el subempleo y la pérdida del valor adquisitivo de sus ingresos.

En el ámbito energético, el gobierno se encuentra atrapado en lo que Núñez denomina el "círculo perverso de la subvención y el contrabando". Aunque la actual gestión eliminó el subsidio a los hidrocarburos y estableció nuevos costos, los precios internos aún no se nivelan con el valor internacional, que alcanza los 14 bolivianos por litro.

Finalmente, el escenario se complica por factores geopolíticos y locales. Mientras sectores campesinos anuncian la radicalización de las medidas de presión, la situación en ciudades como El Alto es descrita como un "secuestro" por parte de grupos violentos. Para Núñez, Bolivia se encuentra en un proceso de transición incierto, donde la urgencia de una agenda estructural choca con el cálculo político y la inestabilidad social en nuestras calles.