El debate por la Ley Brisa divide a sectores sociales en Bolivia

El proyecto de ley conocido como “Ley Brisa”, que propone endurecer la legislación sobre delitos sexuales contra menores en nuestro país, ha generado un intenso debate entre organizaciones de derechos humanos, sectores religiosos y civiles. La iniciativa busca adecuar la normativa nacional a estándares internacionales tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El proyecto de ley 010 plantea la incorporación del tipo penal de violación incestuosa, la eliminación del delito de estupro y el reconocimiento de la falta de consentimiento como el elemento constitutivo del delito de violación. La propuesta, presentada originalmente en 2023 y aprobada por el Senado un año después, recibió modificaciones en marzo pasado para alinearse con el fallo emitido en favor de la activista Brisa de Angulo Lozada.

De Angulo denunció abusos sufridos entre 2001 y 2002 por parte de un familiar. En 2023, la Corte IDH concluyó que el Estado boliviano incurrió en discriminación y revictimización, ordenando cambios legislativos para proteger de manera efectiva a las víctimas menores de edad en Bolivia.

Cambios en la tipificación y penas

La secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, explicó que la norma busca que la violación incestuosa deje de ser solo un agravante y pase a tener un nombre jurídico propio. Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de 2025, el 43 % de las violaciones contra menores de 18 años ocurre dentro de sus hogares y es perpetrado por personas del entorno familiar.

El proyecto propone reclasificar el estupro, que actualmente tiene penas de tres a seis años, para que sea considerado como violación a infante, niño, niña o adolescente. Esto elevaría las sanciones a un rango de entre 10 y 20 años de reclusión, pudiendo llegar a 25 años si existe violencia física. Además, se pretende ampliar la protección hasta los 18 años y declarar la imprescriptibilidad de estos delitos.

Posturas críticas y garantías judiciales

Desde el sector religioso, la organización Iglesias Evangélicas Unidas ha manifestado su rechazo a la propuesta. El presidente de esta institución, el pastor Luis Aruquipa, señaló que la ley podría afectar la presunción de inocencia y la imparcialidad en los procesos judiciales. Aruquipa sostuvo que la iniciativa permite acusar a una persona con una sola denuncia y sin investigación previa, por lo que pidió que el proyecto vuelva a foja cero.

Asimismo, algunos sectores cuestionan el incremento de cinco años en la condena cuando el agresor sea un funcionario público o un líder espiritual. Según los críticos, la formulación de la norma no incluyó a operadores de justicia ni a especialistas técnicos, limitándose a la participación de organizaciones no gubernamentales y legisladores.

El futuro de la Ley Brisa dependerá ahora del consenso en la Asamblea Legislativa, donde las autoridades deberán equilibrar el cumplimiento de los mandatos internacionales con las observaciones de los sectores civiles que temen por la seguridad jurídica en nuestro sistema judicial.