Expertos advierten deterioro democrático tras un mes de bloqueos en el país

Un mes de bloqueos de carreteras y la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz han marcado una crisis política que, según diversos analistas, compromete la institucionalidad democrática en nuestro país. Las restricciones a la libre circulación y la presión sobre el mandato presidencial son identificadas por expertos constitucionalistas y politólogos como transgresiones al orden legal vigente.

El constitucionalista José Antonio Rivera señaló que la demanda de renuncia del mandatario carece de legitimidad en un Estado de derecho. "El gobierno presidido por Rodrigo Paz es democrático, constituido sobre la base del voto de la ciudadanía. Un Estado de derecho no se puede regir por la pretensión de un grupo de personas que se arroga la representación de todo un país", afirmó Rivera, quien recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) ya establece mecanismos específicos para la fiscalización y el cese de funciones de las autoridades.

Vías constitucionales frente al conflicto

Ante la agudización de las medidas de presión, los especialistas coinciden en que existen dos caminos pacíficos para resolver la crisis. En lo inmediato, se plantea un diálogo sin condiciones previas y, a mediano plazo, la activación de la revocatoria de mandato por la vía constitucional. Esta última opción, según el artículo 170 de la Carta Magna, requiere que la autoridad haya cumplido al menos la mitad de su periodo de gestión y que los impulsores reúnan las firmas de apoyo necesarias.

Para la politóloga María Teresa Zegada, la situación actual refleja un proceso de desinstitucionalización. "Los bloqueos y la forma en que están actuando los manifestantes, vulnerando los derechos de otras personas, son un signo de desinstitucionalización. La demanda de renuncia del presidente está fuera de los marcos de la Constitución", explicó Zegada. En este sentido, los analistas subrayan que cualquier renuncia obtenida bajo presión está viciada de nulidad.

Por su parte, el experto en Derechos Humanos Ramiro Orías advirtió sobre el uso de medidas de hecho violentas en lugar de activar mecanismos democráticos. Orías señaló que, si bien el derecho a la protesta es legítimo, los métodos utilizados deben ser lícitos. Asimismo, cuestionó la actitud pasiva de nuestras autoridades gubernamentales para retomar el control del territorio y generar espacios de concertación desde el inicio del conflicto.

El rol del Estado y el diálogo reservado

Respecto a la resolución de la crisis, el politólogo Marcelo Silva sostuvo que la clave reside en la capacidad de los operadores políticos para establecer un diálogo privado. "Los diálogos no se arreglan ante los medios de comunicación, se dan en lo privado, en acuerdos absolutamente reservados", indicó Silva, sugiriendo que la discreción es fundamental para alcanzar consensos efectivos entre las partes en conflicto.

Finalmente, ante la posibilidad de que el Ejecutivo recurra a un estado de excepción para normalizar la situación en Bolivia, Orías precisó que tal medida debe ajustarse estrictamente a los tratados internacionales. De aplicarse, el Estado boliviano tendría la obligación de informar a la Organización de Estados Americanos (OEA) para garantizar un monitoreo internacional sobre el uso proporcional de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.