Diputado propone un referéndum revocatorio extraordinario ante la crisis por bloqueos

El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, propuso este lunes la realización de un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, el vicepresidente y todos los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La iniciativa surge como un intento de resolver la crisis política y social que atraviesa nuestro país, marcada por un bloqueo indefinido de carreteras que cumple 32 días y amenaza con derivar en escenarios de violencia generalizada.

Según el legislador y abogado constitucionalista, Bolivia se encuentra en un “callejón sin salida” debido a las medidas de presión lideradas por sectores sociales. Alarcón sostuvo que la autoridad investida por el voto popular solo debería ser removida mediante el mismo mecanismo democrático, evitando así que la violencia deponga gobiernos o destruya el orden constitucional. En las últimas semanas, las protestas han pasado de demandas sectoriales a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Mecanismo legal y plazos propuestos

La propuesta de Alarcón consiste en que la Asamblea Legislativa apruebe, por dos tercios de votos, una ley interpretativa de la Constitución Política del Estado. Esta norma, de carácter excepcional, permitiría convocar a la consulta popular en un plazo de tres meses. El objetivo es habilitar una solución institucional en situaciones extremas que comprometan la vigencia democrática o el orden interno en Bolivia.

De acuerdo con el planteamiento, si la mayoría de los votantes rechaza la revocatoria, tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo concluirían sus mandatos en 2030. Por el contrario, si triunfa la opción favorable a la revocatoria, se convocarían de inmediato a nuevas elecciones generales. Estas se realizarían en un periodo de hasta cinco meses, tiempo requerido por el Tribunal Supremo Electoral para organizar una eventual primera y segunda vuelta.

Contexto de la movilización

El conflicto actual, que mantiene más de 90 puntos de bloqueo en las carreteras nacionales, ha resistido diversos intentos de diálogo. Aunque la Justicia anuló recientemente los mandamientos de aprehensión contra los líderes de las protestas —una de las condiciones impuestas por los movilizados—, las medidas de presión persisten. Alarcón advirtió que detrás de estas movilizaciones existe la intención de forzar una sucesión presidencial que facilite el retorno de figuras políticas del pasado.

“No podemos permitir que la violencia deponga y derroque gobiernos, aunque se disfrace de elecciones anticipadas, porque esto comprometería la misma existencia del Estado”, afirmó el diputado. La propuesta ahora depende del consenso político dentro de una Asamblea Legislativa que se encuentra fragmentada, mientras el impacto económico y social de los bloqueos continúa agravándose en diferentes regiones de nuestro país.