El gobierno oficializa la reducción del 50% del salario presidencial y ministerial

El gobierno formalizó este martes la reducción voluntaria del 50% de los salarios del presidente Rodrigo Paz y de los ministros de Estado, mediante la promulgación del Decreto Supremo 5628. Los recursos generados por esta medida se destinarán exclusivamente a financiar programas de atención para pacientes oncológicos y personas con enfermedades renales en nuestro país.

La norma, publicada en la Gaceta Oficial, establece la creación de un mecanismo específico para administrar los aportes de las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo. Estos fondos serán transferidos al Ministerio de Salud, institución responsable de ejecutar los programas de asistencia para estos sectores vulnerables que requieren tratamientos de alto costo.

Para asegurar la transparencia en el manejo del dinero, el decreto autoriza la apertura de una cuenta especial denominada "Aporte voluntario solidario". Según el documento oficial, esta cuenta tendrá carácter público y estará sujeta a fiscalización permanente. Los recursos recaudados deberán incorporarse formalmente al presupuesto institucional del Ministerio de Salud para garantizar que no sean desviados a otros fines.

La iniciativa, que había sido adelantada por el presidente Paz el lunes, implica que el salario del jefe de Estado se reducirá a la mitad de los Bs 24.978 que percibía hasta la fecha. Los ministros de las distintas carteras también verán disminuidos sus ingresos mensuales en la misma proporción de manera inmediata.

Durante el anuncio de la medida, el mandatario convocó a otras autoridades del Estado a sumarse a la iniciativa. Paz mencionó específicamente al vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, aunque aclaró que la participación de otros funcionarios de los distintos órganos del poder público dependerá de una decisión personal.

La implementación de este recorte salarial busca reforzar la sostenibilidad de los tratamientos especializados en el sistema de salud pública, donde la demanda de atención para cáncer y diálisis ha presionado los presupuestos estatales en los últimos años. El Ministerio de Salud deberá presentar informes periódicos sobre el uso de estos aportes voluntarios.