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Seguridad

Juez Hebert Zeballos recibe nueva detención preventiva por el caso de las maletas

La justicia ordenó el retorno a prisión del magistrado y un exfuncionario judicial por presunta legitimación de ganancias ilícitas. El caso investiga la desaparición de divisas que llegaron al aeropuerto de Viru Viru.

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Hombre habla ante micrófonos frente a edificio
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Puntos clave de la noticia:

  • La jueza anticorrupción ordenó la detención preventiva del juez Hebert Zeballos y del exfuncionario Carlos Diego Numberg Shirasawa por legitimación de ganancias ilícitas.
  • La investigación se relaciona con el ingreso de 32 maletas con divisas al aeropuerto de Viru Viru a finales de 2025, cuyo rastro se perdió en galpones vinculados a una empresa de seguridad.
  • Ambos imputados ya cumplían detención preventiva desde enero por otros delitos como tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
  • El juez Zeballos permanece en el escalafón judicial suspendido sin goce de haberes, ya que los procesos disciplinarios para su destitución aún no concluyen.
  • El Consejo de la Magistratura enfrenta dificultades logísticas y normativas para acelerar los procesos disciplinarios contra funcionarios judiciales cuestionados.

La jueza anticorrupción Albania Caballero ordenó el retorno a la cárcel de Palmasola del juez Hebert Zeballos y del exfuncionario judicial Carlos Diego Numberg Shirasawa, imputados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La medida se enmarca en la investigación por el arribo de 32 maletas con divisas al aeropuerto de Viru Viru a finales de 2025, un caso que ha generado múltiples procesos penales en nuestro país.

La resolución judicial establece 90 días de detención preventiva para Zeballos y 70 días para Numberg Shirasawa. La Fiscalía de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Pérdida de Dominio también presentó imputaciones contra la exfuncionaria Vicki Ríos Ovando, la exdiputada Laura Rojas, el representante legal de la empresa de seguridad Ebose, Juan Carlos Espinoza Vaca, y el guardia Roy Rony Paz Roca. Asimismo, se mantiene una orden de captura internacional contra el ciudadano uruguayo Gabriel Giuliano Leoni, quien permanece prófugo.

Antecedentes del cargamento y desaparición

La investigación fiscal sostiene que el 29 de noviembre de 2025 un avión privado procedente de Estados Unidos aterrizó en Santa Cruz con 32 maletas cargadas de divisas. Según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), el cargamento fue trasladado a galpones vinculados a una empresa de seguridad relacionada con Zeballos, ubicados en la zona de la Villa Primero de Mayo, donde posteriormente se perdió el rastro del dinero.

Ambos imputados ya cumplían detención preventiva desde enero por otros delitos relacionados con este mismo hecho, incluyendo tráfico de sustancias controladas, confabulación y organización criminal. Pese a la gravedad de las acusaciones y a la nueva imputación, la jueza Caballero no se pronunció durante la audiencia sobre la solicitud de incautación de bienes presentada por el Ministerio Público.

Situación administrativa en el Consejo de la Magistratura

Un aspecto que genera cuestionamientos en la opinión pública es la permanencia de Zeballos en el escalafón judicial. El representante del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, Emilio Arredondo, confirmó que el investigado continúa siendo juez, aunque se encuentra suspendido sin goce de haberes. La destitución definitiva no se ha concretado debido a que los procesos disciplinarios internos aún no han concluido.

De acuerdo con Arredondo, existen 17 denuncias contra Zeballos en la instancia administrativa: diez por irregularidades en funciones jurisdiccionales y siete por faltas graves. Sin embargo, la normativa vigente exige la acumulación de al menos tres procesos por faltas gravísimas para proceder con la exoneración del cargo, y hasta la fecha solo se han consolidado dos de esa magnitud en contra del magistrado.

El Consejo de la Magistratura también señaló dificultades logísticas para avanzar con la celeridad requerida en estos casos. Según las autoridades de la institución, la falta de vehículos y recursos limita la capacidad de realizar notificaciones a los jueces ciudadanos, lo que ralentiza los procesos disciplinarios que cursan en nuestra ciudad contra funcionarios judiciales cuestionados.