Transporte pesado denuncia crisis humanitaria y abandono estatal tras 20 días de bloqueos

El sector del transporte pesado internacional denunció este martes una crisis humanitaria en las carreteras de nuestro país, donde aproximadamente 5.000 camiones permanecen varados debido a los bloqueos que cumplen más de 20 días. Marcelo Cruz, dirigente del sector, afirmó que la situación ha sobrepasado el conflicto social para convertirse en una vulneración sistemática de derechos fundamentales ante la inacción de las autoridades.

Según el dirigente, cerca de 2.000 unidades se encuentran directamente atrapadas en los puntos de conflicto, afectando la salud de los conductores que enfrentan temperaturas de hasta 15 grados bajo cero en zonas como Desaguadero y Tambo Quemado. Cruz señaló que existen choferes con enfermedades de base, como diabetes e hipertensión, que no están recibiendo atención médica ni medicamentos debido a la intransigencia de los bloqueadores.

Violencia y falta de auxilio

La dirigencia del transporte denunció que se intentó enviar ayuda humanitaria con víveres y fármacos, pero los grupos movilizados impidieron el paso e incluso apedrearon los vehículos de auxilio. "Hay conductores descompensados y otros que viven dentro de cabinas dañadas por piedras. El fin de semana, un centro médico privado en Cali Conani se negó a atender a un transportista por prohibición de los dirigentes del bloqueo", explicó Cruz en entrevista con medios locales.

Ante este escenario, el sector cuestionó duramente el rol del Gobierno, la justicia y el Defensor del Pueblo. Según el representante, las instituciones llamadas a proteger a la ciudadanía muestran una "peligrosa permisividad" frente a delitos flagrantes como la destrucción de propiedad privada y el ataque a civiles. Por ello, anunciaron que recurrirán a instancias internacionales como la Cruz Roja y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Impacto económico y debilidad institucional

En términos financieros, el conflicto genera un perjuicio crítico para la economía nacional. Cada camión parado pierde entre 1.500 y 2.000 bolivianos por día, sin contabilizar el daño en productos perecederos y los sobrecostos por contenedores retenidos que las navieras continúan cobrando. El dirigente sostuvo que el Estado ha perdido la capacidad de garantizar la seguridad jurídica y el libre tránsito en el territorio nacional.

"Cuando el Estado no garantiza libre tránsito ni abastecimiento, la crisis deja de ser sectorial y pasa a convertirse en un problema de democracia", advirtió Cruz. El sector transporte exige acciones de oficio por parte de la Fiscalía General para procesar los ataques violentos y restablecer el orden en las rutas, alertando que la normalización de la violencia en las carreteras pone en riesgo la estabilidad institucional de Bolivia.