La Defensoría registra siete fallecidos y 321 arrestados por los conflictos sociales

La Defensoría del Pueblo presentó este lunes su primer reporte preliminar sobre la conflictividad social en nuestro país, registrando siete personas fallecidas, 23 heridas y 321 arrestadas entre el 1 y el 24 de mayo. El informe detalla un escenario de alta tensión marcado por enfrentamientos, operativos de desbloqueo y una creciente vulneración de derechos fundamentales en diversas regiones del territorio nacional.

De los siete decesos reportados por la institución, cuatro se produjeron debido a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna a causa de los bloqueos de carreteras. Entre estas víctimas se encuentra un niño de 12 años que falleció cuando la ambulancia que lo trasladaba no logró llegar a la ciudad de Potosí. Otros dos casos corresponden a movilizados que se encuentran bajo investigación, mientras que el séptimo fallecido es un joven de 24 años que recibió un impacto de bala durante un operativo policial y militar.

Discrepancias en las cifras oficiales

Existe una diferencia entre los datos de la Defensoría y los del Gobierno nacional, que solo reconoce cuatro fallecimientos. Según las autoridades gubernamentales, tres decesos ocurrieron por falta de auxilio médico y uno por arma de fuego durante el denominado "Corredor Humanitario de las Banderas Blancas". Respecto a este último caso, el Ejecutivo sostuvo que los efectivos policiales no portaban armas de fuego durante la intervención.

Sin embargo, el informe de la Fiscalía de La Paz contradice la versión oficial sobre las circunstancias de esta muerte. El examen forense determinó que el proyectil atravesó el cuerpo de la víctima de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, provocando un shock neurogénico y una sección medular. La investigación continúa abierta para determinar el origen del disparo en medio de los operativos ejecutados en La Paz, Cochabamba y Oruro.

Situación jurídica de los arrestados

En cuanto a las 321 personas arrestadas durante las protestas, la Defensoría verificó que 221 ya recuperaron su libertad. No obstante, 89 ciudadanos enfrentan procesos penales: 12 se encuentran con detención preventiva, 19 bajo detención domiciliaria y 10 ya han sido sentenciados mediante procedimientos abreviados, recibiendo penas de tres años con perdón judicial.

El reporte también identifica a 23 heridos de diversa gravedad, incluyendo a tres policías y dos periodistas. Las lesiones registradas en nuestras ciudades, principalmente en La Paz y El Alto, fueron causadas por impactos de balines, explosiones de dinamita y el uso de agentes químicos durante los intentos de las fuerzas del orden por habilitar las rutas troncales.

Cuestionamientos a la labor defensorial

A pesar de las gestiones para facilitar el paso de 40 toneladas de oxígeno medicinal, la labor de la Defensoría del Pueblo ha recibido críticas de sectores afectados por las movilizaciones. Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado internacional, denunció una presunta parcialización de la entidad hacia los sectores movilizados.

"Lo que percibimos es una peligrosa permisividad frente a hechos violentos", afirmó Cruz, quien señaló que cientos de choferes permanecen varados en condiciones inhumanas, sin acceso a medicamentos ni alimentos. El dirigente instó a la institución a interceder directamente en los puntos de bloqueo para garantizar los derechos de quienes están atrapados en las carreteras de nuestro país.

Ante la prolongación del conflicto, que tiene su origen en demandas de la Central Obrera Boliviana (COB) y el rechazo a la Ley 1720, la Defensoría exhortó al Gobierno y a las organizaciones sociales a establecer un diálogo inmediato para evitar una mayor escalada de violencia que ponga en riesgo la seguridad de la población.