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Seguridad

Policía rescata a tres adolescentes de un intento de linchamiento en Viacha

Una multitud enardecida sacó a tres menores de celdas policiales tras el asesinato de un taxista. La intervención policial evitó una tragedia mayor en la plaza principal del municipio.

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Menores se salvan de ser linchados en Viacha
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Puntos clave de la noticia:

  • Tres adolescentes acusados de asesinar a un taxista fueron rescatados por la Policía cuando una multitud intentaba lincharlos en Viacha, La Paz.
  • La turba sacó a los jóvenes de las celdas policiales tras el hallazgo del conductor con heridas de arma blanca, rebasando a los siete agentes de la estación.
  • El padre de uno de los acusados pidió perdón y aceptó un castigo físico público, mientras se comprometió a apoyar económicamente a los hijos de la víctima.
  • La familia del taxista rechazó acuerdos económicos y exigió la pena máxima para los responsables del crimen.
  • Los menores quedaron bajo custodia y serán presentados ante un juez, en un caso que refleja la desconfianza ciudadana en el sistema judicial.

La Policía Boliviana rescató el sábado a tres adolescentes de entre 16 y 17 años que estuvieron a punto de ser linchados en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz. Los jóvenes, acusados del asesinato de un taxista de 33 años, fueron sacados por la fuerza de las celdas policiales por una multitud que exigía justicia por mano propia.

El incidente comenzó tras el hallazgo del cuerpo de Johnny Alejo, un conductor del sindicato Radio Taxi Transviacha, quien fue encontrado sin vida en la zona Santa Bárbara con múltiples heridas de arma blanca. La captura de los tres sospechosos movilizó a cientos de vecinos hacia la plaza Mariscal José Ballivián, donde la seguridad de la Estación Policial Integral (EPI) fue rebasada por los manifestantes.

Tensión y mediación en la plaza principal

Durante el traslado de los sospechosos por la plaza, se registraron escenas de alta tensión. Familiares de los adolescentes intentaron interceder ante la turba para frenar las agresiones. El padre de uno de los acusados pidió perdón públicamente y, ante la presión de los vecinos, aceptó que su hijo fuera castigado físicamente en el lugar, asegurando que no obstaculizaría el proceso legal en nuestro país.

"Mi hijo tiene 17 años. Que pague en la cárcel, yo no lo estoy defendiendo", afirmó el progenitor ante la multitud. El hombre incluso se comprometió a brindar una mensualidad para el sustento de los dos hijos de la víctima, uno de los cuales tiene una discapacidad, según informaron los familiares del fallecido.

La respuesta de las autoridades

El comandante de la EPI de Viacha, coronel Limbert Rojas, informó que la dotación policial en el municipio es insuficiente para contener este tipo de desbordes sociales. "Actualmente contamos con siete funcionarios policiales en la EPI. Evidentemente, hemos sido rebasados, pero logramos rescatar a los aprehendidos y devolverlos a las celdas", explicó la autoridad.

Rojas señaló que uno de los adolescentes resultó herido durante los forcejeos y debió recibir atención médica. Tras dialogar con los sectores sociales, los efectivos lograron calmar los ánimos y explicar que el caso debe seguir los procedimientos legales establecidos en nuestra normativa vigente para determinar responsabilidades.

Situación jurídica y reclamo de justicia

La familia de Johnny Alejo rechazó cualquier acuerdo económico y exigió la pena máxima para los responsables. Según la cuñada del conductor, la víctima trabajaba en horario nocturno para sostener a su hogar y no tenía conflictos previos. "No queremos cinco ni ocho años. Mi cuñado solo salió a trabajar y ahora mi hermana quedó sola con dos niños", reclamó.

La investigación del caso ha sido asumida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Los tres menores permanecen bajo custodia y serán puestos este domingo a disposición de un juez del menor, quien definirá su situación jurídica. El hecho ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad de la seguridad en algunas zonas de nuestro país y la recurrente desconfianza de la población hacia el sistema judicial.