El Gobierno convoca a sectores movilizados para desactivar 20 días de bloqueos

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira inició este domingo una nueva ofensiva de diálogo con los sectores movilizados que mantienen protestas y bloqueos en distintas regiones de nuestro país desde hace casi 20 días. El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, confirmó la convocatoria formal a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari para una reunión inmediata, mientras que para el miércoles 27 quedó fijada la sesión constitutiva del Consejo Económico y Social en la Casa Grande del Pueblo.

Justiniano aseguró que el acercamiento busca imprimir velocidad a la búsqueda de consensos para desactivar el conflicto que afecta a productores y ciudadanos. Según la autoridad, el diálogo ha sido permanente y responde a un mandato directo del presidente Paz. "Ese es el compromiso y el mandato del presidente Rodrigo Paz", afirmó el ministro, quien señaló que el mandatario ha participado personalmente en encuentros que se extendieron por más de 14 horas en las últimas semanas.

Impacto económico y agenda social

La administración central manifestó su preocupación por las pérdidas en el sector agropecuario, uno de los más golpeados por la interrupción de rutas. Justiniano calificó como legítimas algunas demandas, pero lamentó que meses de trabajo de los productores terminen arruinados por los días de bloqueo. Como parte de la estrategia de pacificación, el gabinete confirmó la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, una instancia prevista en la Constitución Política del Estado.

Este organismo funcionará como un espacio permanente de encuentro para abordar temas de desarrollo sostenible, estabilidad económica, seguridad alimentaria y generación de empleo. La primera sesión, convocada para el miércoles a las 10:00, contará con la participación de diversas organizaciones sociales y sectores con representación legítima en el país.

Posturas en la Asamblea Legislativa

En el ámbito legislativo, las posiciones sobre el conflicto se mantienen divididas. La diputada Ximena Arispe (PDC) consideró que las mesas de diálogo son el espacio adecuado para debatir incluso posibles cambios en el gabinete ministerial. Por su parte, la diputada Eliana Condori (AP) defendió el derecho a la protesta, aunque reconoció que la situación económica y política es crítica debido a la convulsión social.

Desde otros sectores parlamentarios se exigió mayor firmeza. La diputada Lissa Claros (Libre) condenó las consecuencias humanitarias de las movilizaciones, citando el fallecimiento de un niño en Llallagua que no pudo recibir atención médica oportuna. En la misma línea, el diputado Alejandro Reyes (Unidad) pidió habilitar las rutas mediante operativos policiales progresivos, al considerar que las protestas responden a intentos de desestabilización.

Ultimátum desde el sector cívico

La estrategia de diálogo del Ejecutivo enfrenta el escepticismo de sectores cívicos. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, ratificó el plazo otorgado para que las autoridades restablezcan el orden en puntos críticos como San Julián. Cochamanidis cuestionó la voluntad de negociación de los grupos movilizados y aseguró que el objetivo de las protestas es forzar la renuncia del presidente.

El dirigente pidió la intervención de la Policía y, de ser necesario, de las Fuerzas Armadas para garantizar el derecho al trabajo y la libre circulación. Advirtió que, de no existir señales concretas para resolver el conflicto durante esta jornada, los ciudadanos asumirán la defensa de sus derechos frente a lo que calificó como actos de violencia e inseguridad en las carreteras.