La Fiscalía ordena la aprehensión de Mario Argollo por terrorismo e instigación

La Fiscalía General emitió una orden de aprehensión contra Mario Argollo Mamani, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), bajo cargos de terrorismo e instigación pública a delinquir. El dirigente minero, que asumió la conducción del ente matriz en octubre de 2025, pasó de la actividad sindical a liderar un bloque de presión que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, situándose hoy en la clandestinidad.

La situación jurídica de Argollo se agravó tras el pacto político firmado el 11 de mayo en El Alto con Vicente Salazar, dirigente de los Ponchos Rojos, y el senador suplente Nilton Condori. Este acuerdo, que coincidió con la movilización de Evo Morales desde Caracollo, buscaba forzar la salida del mandatario mediante el cerco a la sede de Gobierno y el bloqueo de carreteras en diversos puntos de nuestro país.

Del conflicto sindical a la confrontación política

Antes de desaparecer del espacio público, Argollo radicalizó su discurso al afirmar que el único pedido del sector movilizado era la renuncia del presidente. Para analistas como Carlos Cordero, el dirigente no logró establecer una representación autónoma de los trabajadores y optó por reconstruir su poder mediante la confrontación directa, siguiendo el modelo de gestión de su antecesor, Juan Carlos Huarachi.

El ascenso de Argollo se consolidó entre diciembre de 2025 y enero de este año, cuando encabezó protestas que obligaron al Ejecutivo a retroceder en la aplicación del Decreto 5503, logrando mantener la subvención de carburantes. No obstante, desde el 1 de mayo, el dirigente elevó la tensión bajo el argumento de que el Gobierno pretendía privatizar recursos naturales y la educación, versión que fue desmentida por las autoridades nacionales.

Cuestionamientos y respuesta desde la clandestinidad

La figura del líder cobista también enfrenta críticas internas por sus ingresos económicos. Según denuncias de sus detractores, Argollo percibe montos superiores a los Bs 20.000 mensuales, sumando su renta por invalidez, bonos y otros pagos estatales. Aunque el dirigente rechazó estas cifras, evitó transparentar el monto real de sus percepciones ante la opinión pública.

El politólogo Marcelo Arequipa señala que el avance de Argollo también responde a errores en la gestión de conflictos por parte del Gobierno. La emisión de decretos polémicos permitió que la COB recuperara visibilidad en alianza con sectores radicalizados que hoy mantienen la presión sobre las principales ciudades.

El viernes 22 de mayo, Argollo rompió el silencio mediante un video difundido en redes sociales. Ataviado con su casco minero, el dirigente negó haber abandonado el país o haberse refugiado en el Chapare. "No he huido", afirmó, tras denunciar una supuesta persecución política y criminalización de la dirigencia social. En su mensaje, Argollo no hizo referencia a la convocatoria al diálogo lanzada por el presidente Paz, quien advirtió que la tolerancia del Estado ante los bloqueos tiene un límite.

Mientras la Policía busca dar con el paradero del dirigente, los bloqueos continúan afectando el abastecimiento en el país. La situación se torna más compleja tras la declaración de rebeldía de Evo Morales en Tarija, lo que consolida un escenario de alta incertidumbre institucional para el gobierno de Paz.