Juventud Yungueña solicita amnistía general para detenidos y exiliados políticos en Bolivia

La organización Juventud Yungueña de las Tres Provincias de La Paz solicitó formalmente al presidente Rodrigo Paz la aprobación de una amnistía o medida de gracia para liberar a personas consideradas presos políticos y cerrar procesos judiciales vigentes. El pedido abarca causas iniciadas desde 2003 hasta el final de la gestión de Luis Arce, bajo el argumento de que en nuestro país persiste una persecución judicial contra sectores opositores.

A través de un pronunciamiento público, los representantes de la organización afirmaron que los juicios y encarcelamientos han sido utilizados como herramientas de neutralización política. Según el documento, muchos de los procesados participaron en movilizaciones en defensa de la democracia y los derechos humanos, pero terminaron enfrentando causas penales impulsadas, en varios casos, por ministerios del Estado que actúan como parte acusadora.

Alcance de la solicitud y retorno de exiliados

La propuesta de la Juventud Yungueña exige la "libertad pura y simple" y la declaración de extinción de procesos para quienes consideran perseguidos y exiliados. El objetivo central, según el texto, es restablecer la institucionalidad democrática en Bolivia y permitir que los ciudadanos que abandonaron el país por motivos políticos puedan retornar sin temor a represalias judiciales.

La organización sostiene que estos casos se originaron durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, periodos que califican como una etapa de confrontación donde los críticos al gobierno fueron víctimas de odio y discriminación. El pronunciamiento enfatiza que la medida de gracia es necesaria para cerrar un ciclo de conflictividad que ha afectado la convivencia entre los bolivianos.

Denuncias sobre condiciones en centros penitenciarios

Uno de los puntos más críticos del documento se refiere a la situación en las cárceles de nuestro país. La organización denunció presuntas violaciones a los derechos humanos en recintos como Chonchocoro, San Pedro, Cantumarca, El Abra y Palmasola. Entre las acusaciones figuran detenciones arbitrarias, torturas y el uso de pruebas presuntamente manipuladas en lo que denominan "montajes judiciales".

Para sustentar el pedido, los firmantes apelaron a la Constitución Política del Estado y a tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El sector espera que el Ejecutivo evalúe la solicitud como un paso hacia la pacificación y el respeto al debido proceso en el ámbito judicial nacional.