César Dockweiler propone referéndum nacional para regular el derecho a la protesta

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, propuso someter a un referéndum nacional su proyecto de ley orientado a regular las protestas sociales en nuestro país. La iniciativa busca establecer límites a las movilizaciones para evitar que estas vulneren los derechos de terceros, en un contexto marcado por el desabastecimiento de insumos básicos en la sede de Gobierno.

Según explicó la autoridad municipal, el proyecto de ley reconoce el derecho constitucional a la protesta, pero plantea una “armonización” normativa. El objetivo es que las medidas de presión no impidan el libre tránsito ni el acceso a servicios esenciales para el resto de la población boliviana.

Una consulta de alcance nacional

Dockweiler sostuvo que la decisión final sobre esta regulación debería tomarse mediante las urnas para garantizar la participación de todos los sectores, incluidos los grupos que actualmente se encuentran movilizados. El alcalde argumentó que quienes hoy ejercen el bloqueo podrían verse afectados por medidas similares en el futuro.

“Debería ser un referéndum nacional. Así van a participar también quienes se encuentran movilizados, porque quienes se encuentran movilizados el día de hoy, mañana pueden ser los afectados”, señaló la autoridad en declaraciones a la red ERBOL. La propuesta ya fue presentada formalmente ante las instancias correspondientes del Estado para su análisis y socialización.

Contexto de crisis en La Paz

La iniciativa legislativa surge en un momento crítico para nuestra ciudad y el resto del país. La Paz enfrenta actualmente un severo desabastecimiento de combustible y alimentos, consecuencia directa de los bloqueos de carreteras protagonizados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El planteamiento del alcalde busca generar un marco legal que prevenga la paralización de la economía y el suministro de productos básicos durante conflictos políticos. El documento ahora depende de la voluntad política en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo para avanzar hacia una posible convocatoria a consulta popular en los próximos meses.