Derechos Humanos advierte vulneración estatal por omisión ante bloqueos en el país

El Gobierno boliviano está vulnerando los derechos humanos de la población por omisión al no intervenir de manera efectiva ante los bloqueos de carreteras que afectan a nuestro país, según advirtió la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija, Yolanda Herrera. La representante señaló que el Estado, en su rol de garante, ha quedado relegado frente a una crisis que ya suma 27 días de paro indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana (COB).

La situación en Bolivia se ha agravado tras la expansión de las protestas, que inicialmente se concentraron en La Paz y El Alto, hacia otras regiones del territorio nacional. La falta de atención a las demandas de los sectores movilizados derivó en actos de violencia que impiden el paso de ambulancias, insumos médicos y alimentos. Hasta la fecha, se reporta el fallecimiento de cuatro personas debido a estas restricciones en las rutas.

El debate sobre el estado de excepción

Ante la escalada de la conflictividad, Herrera analizó la posibilidad de que el Ejecutivo aplique un estado de excepción para restablecer el orden. Explicó que esta medida debe evaluarse bajo dos criterios fundamentales: la necesidad de garantizar derechos básicos como la libre circulación y la alimentación, y el riesgo de que las fuerzas de seguridad incurran en excesos.

"El Estado boliviano está contra la pared", afirmó Herrera, quien también advirtió que una disposición de esta naturaleza, sin la regulación adecuada, podría derivar en abusos por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. La representante recordó que en nuestro país no existen antecedentes favorables sobre la aplicación de estas medidas, por lo que instó a agotar primero los canales de diálogo con los sectores en conflicto.

Debilitamiento institucional y social

La representante de derechos humanos calificó a Bolivia como un "Estado débil" debido a la incapacidad de las instituciones públicas y de los movimientos sociales para resolver controversias sin afectar a la ciudadanía. Según su análisis, este debilitamiento es consecuencia de un proceso de politización ocurrido durante las últimas dos décadas, que afectó la independencia de las organizaciones.

Herrera señaló que la cooptación de dirigentes mediante beneficios y cargos estatales erosionó los principios de las organizaciones sociales que antes priorizaban el derecho a la vida. "Se ha llegado a extremos como los que se están dando actualmente, situaciones casi criminales", explicó al referirse al desabastecimiento y la violencia en los puntos de bloqueo. El conflicto persiste mientras las autoridades nacionales buscan vías para desactivar las movilizaciones que mantienen cercadas a las principales ciudades del país.