Justicia ordena detención preventiva de Henry Nina por el caso El Sillar

Un juez determinó el miércoles la detención preventiva por seis meses de Henry Nina, expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), mientras se lo investiga por presuntos delitos de corrupción en el proyecto vial El Sillar III. La medida deberá cumplirse en el penal de San Pedro, aquí en La Paz, según confirmó el capitán Fabio Gonzales, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La fiscalía imputó a Nina por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la empresa china Sinohydro realizó modificaciones en el trayecto de la carretera sin contar con el respaldo técnico necesario. Las autoridades señalan que Nina, en su calidad de máximo ejecutivo de la ABC, no ejerció el control correspondiente sobre estas alteraciones en el diseño original.

Irregularidades en la recepción de la obra

El pliego acusatorio sostiene que la obra fue recepcionada oficialmente a pesar de que se registraron 719 fallas documentadas en su infraestructura. El proyecto El Sillar III es una pieza crítica para la integración vial en nuestro país, pero su ejecución ha estado marcada por cuestionamientos técnicos y financieros que derivaron en este proceso judicial.

Con esta decisión, Nina compartirá el centro penitenciario con el exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien también se encuentra detenido preventivamente por su presunta implicación en el mismo caso. La investigación busca determinar el grado de responsabilidad de ambos exfuncionarios en la validación de trabajos defectuosos y la gestión de los contratos con la firma extranjera.

Trayectoria política y administrativa

Henry Nina asumió la presidencia de la ABC en 2020, al inicio de la gestión de Luis Arce, y permaneció en el cargo hasta su renuncia en 2023. Antes de su paso por la administración pública, se desempeñó como ejecutivo de la Confederación de Interculturales durante el gobierno de Evo Morales y encabezó movilizaciones sociales contra el gobierno de Jeanine Áñez.

El proceso judicial continuará durante los próximos seis meses, periodo en el cual el Ministerio Público deberá recolectar mayores pruebas sobre el manejo de los fondos públicos asignados a la obra y la supervisión técnica que debió realizar la estatal de caminos en Bolivia.