Human Rights Watch vincula la crisis social con la crisis judicial

El director para América Latina de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, afirmó que la crisis política y social que atraviesa nuestro país está estrechamente vinculada al debilitamiento del sistema judicial. Tras una visita a Sucre para evaluar la institucionalidad boliviana, el representante señaló que la parálisis parcial del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deja a los ciudadanos sin mecanismos legales para resolver controversias, lo que incentiva el traslado de los conflictos a las calles.

Muñoz explicó que el TCP funciona actualmente de manera incompleta, lo que impide la revisión de leyes cuestionadas por su constitucionalidad. "Si yo me opongo a una ley aprobada en la Asamblea porque creo que es inconstitucional, en este momento el Tribunal Constitucional no puede revisar la normativa porque solo tiene cuatro magistrados", señaló el directivo. Para el organismo, la falta de este "árbitro" fundamental es un factor determinante en la persistencia de las movilizaciones en Bolivia.

Impacto humanitario y bloqueos

La crisis judicial se manifiesta en un contexto de alta conflictividad, especialmente en el occidente del país. Desde mayo, los bloqueos de rutas han generado un desabastecimiento crítico de combustibles, alimentos y suministros médicos. HRW reportó consecuencias fatales derivadas de estas medidas de presión, como el fallecimiento de un niño de 12 años que no pudo recibir atención médica oportuna debido a un bloqueo entre Llallagua y Potosí.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, expresó su preocupación por la situación de los hospitales en La Paz, que enfrentan escasez de oxígeno y medicamentos. Aunque reconoció el derecho a la protesta pacífica, subrayó que el recurso a la violencia es inaceptable. La organización instó a nuestras autoridades a buscar soluciones mediante el diálogo y a respetar los estándares internacionales de derechos humanos durante la gestión del conflicto.

Posturas de organismos internacionales

Por su parte, la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur emitió un pronunciamiento dirigido al Gobierno. El organismo recordó que la actuación de la Policía Boliviana debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. No obstante, el comunicado de la ONU omitió referencias al uso de dinamita y explosivos por parte de los manifestantes, así como a las agresiones sufridas por trabajadores de la prensa durante las jornadas de protesta.

La situación actual pone de relieve la urgencia de que la Asamblea Legislativa complete la elección de los cinco magistrados restantes para el TCP. Según HRW, mientras la justicia no recupere su capacidad para canalizar las disputas dentro del marco institucional, el riesgo de violencia y la vulneración de derechos fundamentales en el país continuarán en ascenso.