El Gobierno promulga la ley de excepción con presunción de legalidad militar

El presidente Rodrigo Paz promulgó la nueva Ley de Regulación de Estados de Excepción, una normativa que introduce la presunción de legalidad para las actuaciones de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. La medida surge tras un intenso debate parlamentario centrado en las garantías jurídicas para los uniformados que intervengan en situaciones de alta conflictividad en nuestro país.

El eje de la controversia reside en el artículo 26 de la norma, que establece que las acciones realizadas por los efectivos durante un estado de excepción gozarán de presunción de legalidad. Según el oficialismo, esta disposición busca revertir la lógica de la anterior Ley Copa, la cual fue abrogada la semana pasada bajo el argumento de que presumía responsabilidades penales sobre los uniformados de manera anticipada.

Complementariamente, el artículo 27 dispone que el Estado proporcionará patrocinio legal a los funcionarios, policías y militares que enfrenten investigaciones judiciales o administrativas por hechos ocurridos durante la vigencia de la medida. Esta salvaguarda responde a una demanda de la cúpula militar, que ha señalado como antecedente las sentencias y procesos contra jefes castrenses tras los conflictos sociales de 2003 y 2019.

No obstante, la asistencia legal estatal tiene límites definidos. La ley excluye explícitamente de este beneficio a quienes incurran en delitos de violencia sexual, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales o cualquier violación grave a los derechos humanos. Para legisladores de la oposición, como la diputada Cecilia Requena, existe una contradicción entre presumir la legalidad de los actos y admitir simultáneamente que estos pueden derivar en investigaciones por abusos.

"Las excepciones previstas en el artículo 27 deberían haber sido incorporadas en la redacción del artículo 26 para delimitar con claridad el alcance de la presunción", señaló Requena en declaraciones a la prensa local, advirtiendo sobre posibles interpretaciones que vulneren derechos fundamentales.

Otro punto crítico de la ley es el mecanismo de ratificación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La norma establece que, ante una situación de conmoción interna o amenaza externa, el Legislativo tiene un plazo de 72 horas para pronunciarse. Si la Asamblea rechaza la medida en ese tiempo, el estado de excepción debe levantarse de inmediato; sin embargo, si no existe un pronunciamiento oficial en dicho plazo, la medida se dará por aprobada automáticamente.

Esta vigencia automática ha sido justificada por el Ejecutivo bajo el argumento de que las crisis de seguridad nacional requieren respuestas inmediatas que no pueden quedar supeditadas a demoras administrativas o políticas en el parlamento.