Defensor del Pueblo advierte que Bolivia está al borde del precipicio

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió este martes que nuestro país se encuentra "al borde del precipicio" debido a la persistencia de los bloqueos de carreteras y la falta de voluntad política para establecer un diálogo efectivo. Tras 24 días de movilizaciones, la autoridad alertó sobre el deterioro acelerado de los derechos humanos y la convivencia pacífica en Bolivia, señalando que la polarización entre el Gobierno y los sectores movilizados ha alcanzado niveles críticos.

Callisaya explicó que la crisis social se ha profundizado por las posturas rígidas de ambos bandos. Según el Defensor, existe una desconexión que impide cualquier acercamiento institucional. "Mientras el Gobierno cree que dialogar es rendirse, los sectores movilizados parecen creer que sentarse a hablar es traicionar su lucha", afirmó la autoridad al exhortar a las partes a recapacitar y priorizar la estabilidad del país por encima de los intereses sectoriales o políticos.

Consecuencias en el sistema sanitario y el abastecimiento

La prolongación de las medidas de presión ha generado consecuencias directas en la provisión de servicios básicos y suministros esenciales. La Defensoría reportó dificultades críticas en el traslado de oxígeno medicinal, medicamentos e insumos médicos necesarios para los hospitales de diversas regiones. Esta situación pone en riesgo la vida de pacientes en unidades de cuidados intensivos y centros de salud que dependen del transporte terrestre para su reabastecimiento.

A este escenario se suma el desabastecimiento de combustibles, que ha provocado largas filas en las estaciones de servicio y ha paralizado parte del aparato productivo nacional. El incremento sostenido en los precios de los productos de la canasta familiar es otra de las preocupaciones centrales de la institución. Callisaya remarcó que las personas con menores ingresos son las más perjudicadas por la inflación y la escasez de alimentos básicos en los mercados locales.

"El derecho a la salud y a la vida no pueden quedar atrapados en medio de la confrontación. El pueblo quiere comer, quiere trabajar y quiere restablecer la normalidad cotidiana", señaló el Defensor. La institución enfatizó que la conflictividad actual afecta principalmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, quienes ven limitadas sus posibilidades de subsistencia diaria debido a la interrupción de la actividad económica y el libre tránsito.

Investigaciones y seguridad ciudadana

Ante el aumento de la violencia en los puntos de conflicto, la Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio Público iniciar investigaciones inmediatas sobre los decesos registrados, las personas heridas y las agresiones contra trabajadores de la prensa. En los últimos días, se han reportado ataques directos a periodistas que cubrían las movilizaciones, lo que representa una vulneración a la libertad de información y la integridad de los comunicadores.

En nuestra ciudad, la situación ha derivado en disturbios que resultaron en al menos 20 personas detenidas tras las marchas registradas el lunes en el centro paceño. La tensión en La Paz ha obligado a las autoridades a implementar medidas excepcionales, como la tolerancia de una hora en el ingreso de los servidores públicos a sus fuentes de trabajo para mitigar el impacto de las dificultades en el transporte. Por su parte, la Iglesia Católica también se sumó al pedido de pacificación, realizando un llamado urgente al diálogo para evitar mayores enfrentamientos entre bolivianos.

El Defensor del Pueblo concluyó su intervención con un llamado al cese de toda acción violenta y a la búsqueda de una salida institucional que garantice la paz social. La persistencia de los bloqueos, que ya superan las tres semanas, mantiene en vilo la estabilidad económica de Bolivia, mientras la población aguarda señales claras de acercamiento entre los actores en conflicto para restablecer la normalidad en el territorio nacional.