Dirigentes sindicales rechazan reducción salarial de Paz y exigen su renuncia

El presidente Rodrigo Paz anunció este lunes una reducción del 50% en su salario y en el de todos sus ministros de Estado como respuesta a la crisis económica que afecta a nuestro país. Sin embargo, la cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB) y la dirigencia departamental de La Paz rechazaron la medida por considerarla extemporánea y ratificaron su pedido de renuncia del mandatario, en medio de una escalada de conflictos que cumple cuatro semanas.

La decisión del Ejecutivo busca, según el anuncio oficial, acompañar el esfuerzo de la población boliviana ante el deterioro de los indicadores financieros. No obstante, para los sectores movilizados, el gesto administrativo no compensa la situación social. Claudio Choque, secretario general de la COB, señaló que la determinación llegó tarde y que las bases sindicales ya han tomado una decisión orgánica en las carreteras y calles de nuestro país.

"Como dirigentes, solamente somos portavoces, la situación está en las bases", explicó Choque al referirse a la magnitud de las convocatorias actuales. El dirigente enfatizó que la movilización ya no se limita a demandas sectoriales, sino que se ha centrado en la continuidad del gobierno. Esta postura coincide con la de Cecilio Gonzales, dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz, quien afirmó que la etapa de negociación con nuestras autoridades ha concluido.

Escalada de protestas y desabastecimiento

Las protestas, impulsadas por sectores afines al ala evista, han ingresado a su cuarta semana consecutiva con un impacto severo en el departamento de La Paz. Los bloqueos de caminos han interrumpido el flujo normal de suministros, lo que ha provocado una escasez crítica de alimentos y productos básicos en los mercados locales. Gonzales sostuvo que el gobierno tuvo el tiempo necesario para responder a las peticiones de la sociedad, pero que la falta de soluciones favorables radicalizó la postura de los manifestantes.

Ante el agravamiento del conflicto, diversas instituciones han solicitado una tregua inmediata. La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto emitieron comunicados conjuntos para instar a las partes a instalar una mesa de diálogo. Estas organizaciones advirtieron que la situación ha alcanzado una escala crítica que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la integridad de los ciudadanos en nuestra región.

Pese a los llamados a la concertación, los puntos de bloqueo se mantienen invariables. La dirigencia sindical insiste en que la renuncia de Paz es ahora el punto central de sus demandas, desplazando cualquier otra oferta de ajuste fiscal o salarial por parte del gabinete. El país aguarda una respuesta oficial del Palacio de Gobierno ante la negativa de los sectores sociales de aceptar la reducción de sueldos como una medida de alivio suficiente para frenar la crisis.