Diputados debate eliminar límites legales al estado de excepción en Bolivia

La Cámara de Diputados de nuestro país convocó para este martes a una sesión clave en la que se prevé el tratamiento del proyecto de ley que elimina las restricciones vigentes para la declaratoria de un estado de excepción. La iniciativa, que ya cuenta con la aprobación del Senado, surge en medio de una crisis social que ingresa a su cuarta semana de bloqueos y protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El objetivo central de la propuesta es abrogar la Ley 1341, aprobada en 2020, la cual regula y limita la facultad del Ejecutivo para emplear a las fuerzas de seguridad ante conflictos internos. Según los promotores de la medida, esta normativa actual restringe la capacidad de respuesta del Estado frente a la conmoción interna que afecta principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto, donde el desabastecimiento de alimentos y combustibles es crítico.

El alcance de la reforma legal

La eventual eliminación de la norma no crea nuevas facultades, ya que el estado de excepción está contemplado en los artículos 137 al 140 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, la abrogación despejaría controles parlamentarios y procedimientos adicionales que, de acuerdo con las autoridades legislativas oficialistas, dificultan la pacificación del territorio nacional.

El presidente del Senado, Diego Ávila, defendió la decisión al señalar que la ley vigente imponía "demasiadas limitaciones" a una facultad que ya es constitucional. Por su parte, el diputado Carlos Alarcón, uno de los impulsores del proyecto, afirmó que la regulación actual impide el uso de la fuerza legal y legítima en momentos de convulsión social.

Posturas enfrentadas y riesgos

La medida ha generado un fuerte rechazo en sectores de la oposición y en la Central Obrera Boliviana (COB), organización que lidera las movilizaciones actuales. Desde la Vicepresidencia, a cargo de Edmand Lara, se emitió un comunicado advirtiendo que la ley de 2020 fue diseñada precisamente para evitar el uso de armas letales en la gestión de conflictos sociales, tras los hechos de violencia registrados en 2019.

Aunque la Constitución establece que el estado de excepción no puede suspender garantías ni derechos fundamentales, los críticos advierten que reducir los controles sobre esta herramienta excepcional abre un debate sensible sobre la protección de los derechos humanos en nuestro país. La sesión de este martes en la Cámara de Diputados será determinante para definir el nuevo margen de maniobra del Gobierno ante un escenario de presión social que no muestra señales de tregua.