La posible abrogación de la Ley 1341 despeja el camino al estado de excepción

El cerco sobre nuestra ciudad y el desabastecimiento de productos básicos han reactivado el debate sobre la aplicación de un estado de excepción en Bolivia. La posible abrogación de la Ley 1341, que ya cuenta con el respaldo del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados, eliminaría una capa de regulación que, según legisladores y constitucionalistas, hacía inviable el uso de esta herramienta constitucional por parte del Ejecutivo.

La normativa vigente desde 2020 impuso restricciones operativas y controles legislativos adicionales a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Si la norma desaparece, el presidente Rodrigo Paz tendría un margen de acción mayor para enfrentar el actual contexto de conmoción interna, marcado por bloqueos de carreteras que impiden el ingreso de alimentos y medicamentos a la sede de Gobierno.

El marco constitucional vigente

El artículo 137 de la Constitución habilita al mandatario a declarar el estado de excepción en casos de amenaza a la seguridad del Estado, agresión externa o desastre natural. El diputado Carlos Alarcón, impulsor de la abrogación, señaló que la Ley 1341 otorgaba a la Asamblea Legislativa facultades sobredimensionadas que neutralizaban la facultad presidencial. "Lo que hemos hecho ahora es recuperar la plena vigencia y aplicación de los artículos de la Constitución", afirmó el legislador.

Con la salida de esta ley, desaparecerían los límites temporales específicos y los procedimientos de control más estrictos que no figuran en el texto constitucional. Sin embargo, esto no implica una ausencia total de fiscalización. La Asamblea Legislativa mantiene la potestad de revisar la medida dentro de las 72 horas de su promulgación y el Ejecutivo debe justificar técnicamente la decisión ante los organismos internacionales de derechos humanos.

Un dilema político para el Ejecutivo

Aunque el camino jurídico se despeje, la decisión de aplicar un estado de excepción permanece en el terreno político. El presidente Paz, quien cumple seis meses de gestión, enfrenta la crisis más severa de su mandato con sectores radicalizados que exigen el acortamiento de su periodo constitucional. La medida podría ser interpretada como un ejercicio de autoridad institucional o como una escalada en la represión de las protestas.

Alarcón sostuvo que el escenario actual, con afectación directa a los derechos ciudadanos básicos en nuestro país, justifica evaluar esta herramienta. Según el legislador, existen consensos en la Cámara de Diputados para concretar la anulación de la normativa, lo que dejaría la responsabilidad final exclusivamente en manos del Gobierno central. El desenlace de esta reforma legislativa será determinante para el manejo de los conflictos que ya entran en su cuarta semana de actividad.