Bolivia registra 57 puntos de bloqueo en carreteras de cinco departamentos

Nuestro país amaneció este martes con 57 puntos de bloqueo activos en las principales carreteras de cinco departamentos, según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizado a las 07:12. La medida de presión, que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, persiste a pesar de las convocatorias al diálogo realizadas por el Órgano Ejecutivo desde el inicio del conflicto en mayo.

La Paz se mantiene como la región más afectada por las movilizaciones con 20 sitios de bloqueo. Esta situación ha generado un cerco sobre la sede de gobierno, provocando ya los primeros reportes de escasez de combustibles y alimentos básicos de la canasta familiar. El conflicto, que comenzó con un carácter indefinido en las rutas paceñas, se ha extendido progresivamente hacia el resto del territorio nacional.

Distribución de los cortes de ruta

De acuerdo con el mapa oficial de la ABC, además de los puntos registrados en La Paz, el departamento de Cochabamba presenta 14 bloqueos, seguido por Potosí con 12, Oruro con nueve y Santa Cruz con dos. Por el contrario, las carreteras en Pando, Beni, Chuquisaca y Tarija permanecen transitables y sin interrupciones hasta el momento.

Los sectores movilizados, liderados por organizaciones campesinas, han rechazado las invitaciones a la negociación. Ante esta postura, el presidente Rodrigo Paz afirmó el lunes que se buscarán soluciones a los problemas actuales, pero advirtió que se aplicará la Constitución Política del Estado a quienes se nieguen a establecer canales de diálogo con las autoridades.

Impacto social y legislativo

La persistencia de las medidas de fuerza ha derivado en situaciones críticas en otras regiones. En la provincia Guarayos, se ha declarado emergencia sanitaria debido a las dificultades de transporte, mientras que en el Chapare se reportaron presiones de sectores cocaleros hacia instalaciones militares.

En el ámbito institucional, la Cámara de Diputados inició el debate para analizar posibles modificaciones legales que permitan anular las limitaciones actuales al estado de excepción. Este movimiento legislativo surge como una respuesta a la imposibilidad de las fuerzas del orden para garantizar el libre tránsito en las rutas fundamentales de nuestra red vial, en un escenario donde la mediación de instituciones como la Iglesia no ha logrado frenar el avance de las protestas.