El Gobierno evalúa declarar estado de excepción ante los bloqueos en el país

El gobierno boliviano evalúa la aplicación del estado de excepción en nuestro país ante la persistencia de los bloqueos de caminos que afectan el abastecimiento desde hace casi un mes, según informó este miércoles el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. La medida, que permitiría la intervención de zonas en conflicto, se analiza bajo criterios de oportunidad y necesidad tras la reciente promulgación de la ley que facilita su implementación por parte del Ejecutivo.

Lupo señaló que este instrumento legal está contemplado en la Constitución y que su uso se ajustará a la responsabilidad gubernamental. "El estado de excepción es un instrumento más que la Constitución contempla y el gobierno garantiza la plena vigencia de la Constitución en todo momento. Por tanto, será evaluado según la oportunidad y la necesidad", dijo el ministro antes de ingresar a una convocatoria de diálogo en la Vicepresidencia.

Presión de sectores cívicos

La posibilidad de aplicar esta medida excepcional surge en un contexto de alta tensión social. Sectores como el Comité pro Santa Cruz han solicitado formalmente que se dicte un estado de excepción regionalizado. El objetivo de esta demanda es permitir el uso de la fuerza pública para despejar las rutas y garantizar la llegada de alimentos e insumos a los mercados, afectados por las movilizaciones que se extienden por casi cuatro semanas.

El ministro enfatizó que el país cuenta con una administración responsable que tomará las acciones necesarias en el momento preciso. La postura oficial busca equilibrar la necesidad de restablecer el orden público con el respeto a las garantías constitucionales, en medio de críticas de sectores opositores y sociales por la demora en la liberación de las vías fundamentales.

Marco legal y procedimientos

La viabilidad de esta medida se incrementó tras la reciente abrogación de una ley en la Asamblea Legislativa que limitaba las facultades del presidente para declarar el estado de excepción. Con este cambio normativo, el jefe de Estado recupera la capacidad de aplicar la restricción de garantías de forma más directa en todo el territorio o en regiones específicas donde se considere necesario.

De acuerdo con la normativa vigente en Bolivia, una vez que el presidente declare el estado de excepción, la medida debe ser remitida a la Asamblea Legislativa para su ratificación. Este procedimiento debe cumplirse dentro de las 72 horas siguientes a la emisión del decreto. Si el Legislativo no aprueba la declaratoria, la medida queda sin efecto de manera inmediata, lo que obliga al Ejecutivo a buscar consensos políticos para sostener la intervención en las zonas de conflicto.