Gobierno gestiona garantías para dirigentes con el fin de pacificar el país

El gobierno nacional anunció este miércoles un principio de acuerdo para avanzar en la pacificación de nuestro país, tras una jornada de acercamientos en la Vicepresidencia orientada a desactivar 27 días de bloqueos. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que se trabajan mecanismos legales para garantizar la participación de todos los dirigentes de los sectores movilizados, incluyendo a quienes enfrentan procesos judiciales.

La medida busca facilitar la presencia de interlocutores con capacidad de decisión, como el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, sobre quien pesa una orden de aprehensión. Según explicó Lupo, el objetivo es reunir a los representantes necesarios para que se depongan las medidas de presión que mantienen a La Paz y El Alto bajo una severa escasez de alimentos, combustibles y medicamentos.

Mediación y veeduría internacional

La Comisión de Diálogo, integrada por representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo junto a organizaciones sociales, determinó que las conversaciones continúen este jueves. El vicepresidente Edmand Lara informó que se ha encomendado a la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y organismos internacionales encabezar la continuidad de estas mesas para otorgar legitimidad al proceso.

"Estamos viendo qué condiciones son necesarias para instalar una mesa de diálogo con interlocutores válidos, con quienes podamos dar respuestas legítimas a los pliegos presentados", señaló Lupo. El ministro subrayó que, en paralelo a la instalación de la mesa técnica, se espera que los sectores movilizados levanten los bloqueos que han golpeado con mayor dureza a nuestra sede de gobierno.

Presión política y social

Este acercamiento ocurre luego de que el presidente Rodrigo Paz convocara públicamente a todos los sectores a exponer sus demandas, advirtiendo que el tiempo para una solución concertada se agota. Los sectores movilizados, que inicialmente exigían la renuncia del mandatario, han aceptado este primer espacio de mediación bajo la premisa de obtener garantías para sus líderes.

El éxito de esta gestión dependerá de la capacidad de las autoridades para suspender temporalmente los mandamientos judiciales sin vulnerar el marco normativo, una condición que los dirigentes consideran indispensable para sentarse a negociar. Por ahora, la ciudad de La Paz permanece cercada, a la espera de que los resultados de la reunión del jueves permitan restablecer el tránsito en las carreteras nacionales.